El Salvador

Décadas de violencia han minado los limitados resultados positivos que la firma de la paz en 1992 trajo consigo. Esta violencia, especialmente protagonizada por pandillas juveniles, tiene múltiples causas y diversos actores influyen directa o indirectamente en su reproducción.

Sus principales efectos han sido la pérdida de miles de vidas, la polarización social, el miedo, la radicalización tanto de grupos de jóvenes como de las fuerzas de seguridad y el rompimiento de importantes lazos sociales, tanto al interno de los grupos sociales directamente afectados por la violencia, como entre estos grupos y el resto de la sociedad, especialmente el Estado.

Para comprender la magnitud de la violencia, sus efectos en el deterioro de las relaciones sociales y, en consecuencia, la importancia de su reducción para la construcción de paz, es necesario recordar la naturaleza de la violencia y su contexto en El Salvador.

Los ciclos de violencia en El Salvador

La violencia protagonizada por las pandillas en El Salvador es el resultado de un largo proceso de reproducción de conflictos no resueltos o reprimidos, fundamentalmente a través de la fuerza. Hasta antes de 2012, la violencia homicida en El Salvador alcanzó niveles que ubicaron al país como uno de los más violentos del mundo: en 2011, fueron reportados 70.1 homicidios por cada cien mil habitantes.

Esta situación es solamente la punta del iceberg. El problema de la violencia en el país tiene múltiples niveles que, en materia de construcción de paz, es necesario clarificar.

La expresión más visible del problema de la violencia en El Salvador es la confrontación existente entre diversas pandillas (Mara Salvatrucha, Barrio 18, La Máquina, Mao Mao y otras más). Esta confrontación, como ha sido analizada por diversos estudios, ha sido fundamentalmente conducida por la guerra por el control de territorios y la construcción de identidades a partir de la diferencia con el otro grupo. Lo que inició, en los años ochenta, como peleas callejeras con palos y piedras terminó por una guerra abierta y violenta en la mayoría de los centros urbanos del país.

Profundizar en la comprensión del fenómeno requiere identificar las causas de la radicalización de la violencia entre estos grupos. Entre los principales factores asociados a los extremos alcanzados por la violencia entre pandillas se pueden mencionar el fácil acceso a armas de fuego, el incremento de los ciclos de venganza y odio, el incremento de la rentabilidad de las acciones ilícitas y el predominio de las políticas represivas sobre la prevención de la violencia. Paralelamente, la estructura organizativa y operativa de las pandillas se transformó debido al encarcelamiento masivo y la represión policial, así como la influencia que ejerció en las pandillas la deportación masiva de pandilleros provenientes de los Estados Unidos.

Lo anterior sucedió en un contexto social que, durante el primer decenio de este siglo, aún presentaba condiciones adversas para la paz larga y duradera. Circunstancias heredadas tanto de la guerra civil como de una larga trayectoria de exclusión social y desigualdad, así como limitadas reformas políticas de posguerra.

En El Salvador, la violencia ha sido una constante que en diferentes momentos de la historia ha alcanzado niveles extremos. Ya sea proveniente del Estado con fines de reprimir una revuelta social, como fue el caso de la masacre de campesinos en 1932, o bien producida por parte de las fuerzas de seguridad o de grupos insurgentes, como lo fue durante la guerra civil en la década de 1980, lo que se aprecia es que el uso de la violencia se ha insertado en el conjunto de las relaciones sociales. La sociedad post acuerdos de paz careció de los mecanismos necesarios para transformar los patrones violentos heredados de décadas pasadas y ello trajo como consecuencia el incremento de la violencia entre las pandillas.

En medio del fuego cruzado entre las pandillas y entre éstas y las fuerzas de seguridad, la sociedad salvadoreña buscó la protección a través de diferentes medios. Para las comunidades donde las pandillas residen, la solución fue el aislamiento, el encierro y la exclusión de los miembros de las pandillas. Para sectores sociales más distanciados de los entornos de marginalidad, la solución fue la seguridad privada, el uso de armas de fuego y el cierre de los espacios públicos.

Por su parte, diversos gobiernos concentraron sus acciones en combatir únicamente la dimensión criminal del fenómeno de las pandillas, excluyendo así los aspectos sociales y económicos asociados al problema. Las políticas anti-pandillas, conocidas como de “mano dura”, profundizaron la estigmatización y criminalización de la juventud asociada a las pandillas por sus orígenes sociales y lugares de habitación. Así mismo, se extendió el uso del Ejército en seguridad pública y se modificaron procedimientos judiciales para facilitar la persecución penal de personas asociadas a las pandillas. En ese contexto, la competencia electoral giró en torno al discurso de seguridad, el cual fue amplificado por los medios de comunicación masivos.

Otros actores sociales, como el sector privado empresarial, demandó del gobierno acciones radicales debido al impacto producido por la extorsión impuesta por las pandillas a negocios, empresas e industrias. Se argumentó el impacto negativo que la situación de violencia genera en el clima de inversión tanto nacional como internacional. La sociedad civil organizada, pese a valiosos esfuerzos por intervenir en el problema, fue perdiendo espacios de acción debido a la radicalización de las pandillas y las normativas que impedían cualquier tipo de contacto con pandilleros o presuntos pandilleros.

A nivel internacional, existió una diversidad de posiciones respecto del fenómeno. Por un lado, las pandillas, en particular la Mara Salvatrucha, fue considerada como organización criminal transnacional, lo cual justificó el apoyo internacional a las unidades policiales especializadas en la lucha contra las pandillas en el país. Por otro lado, las intervenciones de la cooperación internacional buscaron incidir en diferentes niveles sociales (élites políticas y tomadores de decisiones, sociedad civil, comunidades de base) pero de forma aislada, sin tomar en cuenta la complejidad y precariedad de las interacciones entre dichos niveles. De esa cuenta, por un lado se brindó asesoría técnica a funcionarios de gobierno para la definición de políticas y programas preventivos. Por otro lado, se apoyaron esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil a través de programas de prevención primaria y secundaria. En otras palabras, se privilegió el abordaje de factores de riesgo asociados a la violencia, pero sin incorporar pandilleros activos. Se esperaba que los efectos de ambos niveles de intervención llegaran al resto de la sociedad que no participa ni de las organizaciones de la sociedad civil ni de la elite política y técnica de decisión.

La situación en 2011 era la de una sociedad polarizada, en donde las interacciones sociales entre el Estado, la sociedad civil y la población, se encontraban mediadas por el uso de la violencia y la repetición de discursos de polarización y expectativas de solución a través de medidas extremas. Las pandillas pasaron de ser formas de asociación juvenil a convertirse en organizaciones sociales estructuradas y disciplinadas para el uso de la violencia y la generación de recursos por vías ilícitas, la protección social de sus miembros ante los ataques provenientes de las pandillas contrarias y de las fuerzas de seguridad, y ante la exclusión del mercado laboral y de cualquier servicio social básico.

  • El Salvador
  • El Salvador
  • El Salvador
  • El Salvador
  • El Salvador