Acceso a la información pública, más que un discurso

El jueves 19 de abril, se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el foro: Acceso a la información pública, más que un discurso. El evento fue organizado por el Programa Seguridad y Justicia de Interpeace, la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, Sedem y el periódico digital Plaza Pública, con el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) Con el objetivo de posicionar en el debate nacional el acceso a la información como un derecho humano fundamental, además de discutir sobre el papel del acceso de la información en el proceso de fortalecimiento de la democracia y debatir sobre la aparente dicotomía entre seguridad y acceso a la información, el foro contó con la participación de los siguientes ponentes:

Silvio Gramajo, doctor en Investigación Social con énfasis en ciencias políticas, transparencia y comunicación política por Flacso México. Fue director de la Comisión por la Transparencia en el gobierno de Álvaro Colom. Rosa María Bárcena, abogada y directora general de análisis normativo y evaluación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México. Julio Melgar, abogado y asesor en temas de acceso a la información en los Ministerios de Gobernación y Finanzas.

http://youtu.be/S9MjS7wY7xU

Para ampliar la información sobre el foro, descargar las ponencias o ver el evento completo en vídeo, visite el sitio en Plaza Pública en el siguiente enlace

Acceso a la información, un derecho humano: En un país como Guatemala, cuyo diseño y desarrollo institucional fue constituido sobre prácticas autoritarias y conservadoras que han privilegiado el secreto sobre la publicidad del ejercicio del poder público, la entrada en vigencia de una ley de acceso a la información pública ha enfrentado retos muy difíciles de sortear. En abril de 2009 cobró vigencia el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, tras un largo y tortuoso proceso de discusión en el seno del Congreso de la República con una participación activa de la sociedad civil. Prácticamente la deliberación de esta temática atravesó tres legislaturas, hasta que finalmente se aprobó una norma, que fuera de algunas falencias, posee un diseño institucional que contiene los más altos estándares y criterios que hay en la materia. Incluso, incluye criterios que posteriormente fueron refrendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ley Marco de Acceso a la Información que promovió en 2010. Una vez entró en vigencia dicha ley, todos los sujetos obligados se vieron en la necesidad de enfrentar todos los retos que ha implicado su aplicación, con el fin de generar toda la normativa que requiere su institucionalización. Uno de los principales beneficios de la referida ley es que establece la máxima publicidad como uno de sus principios. Es decir, favorecer la publicidad de la información pública salvo aquellas excepciones taxativas que la misma ley determina. Ahora bien es importante señalar que la Ley es un avance importante, pero falta mucho camino por recorrer en la formación de una cultura de acceso de la información, como derecho humano fundamental. Además resulta insuficiente una normativa de este tipo si por parte de la ciudadanía no existe una ejercicio pleno y constante de ese derecho. Son casi tres años que la ley entro en vigencia, tiempo para hacer un balance de cómo este derecho humano ha logrado ser un instrumento para la construcción de ciudadanía, ya que el acceso a la información resulta una condición fundamental en el fortalecimiento de la democracia. En ese contexto se hace necesario generar una deliberación pública que permita conocer y establecer la situación en que se encuentra la tutela de derecho de acceso a la información, especialmente, en el contexto actual del país. La situación critica de la seguridad provoca que, algunos sectores conservadores pretendas limitar este derecho, argumentando que es necesario para que el Estado pueda hacer efectiva su responsabilidad de garantizar la seguridad de la persona y sus bienes. Para algunos sectores de la sociedad, la situación actual de la seguridad requiere de ciertas limitaciones de este derecho, argumentando que esto es necesario para que el Estado pueda hacer efectiva su responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Existen además acciones que se encaminan a limitar el cumplimiento de la tutela del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, recientemente se publicó que la autoridad reguladora de la ley, la Procuraduría de los Derechos Humanos, en su papel de sujeto obligado ha incurrido en violaciones a la misma norma no publicando información de oficio. Es pues obligatoria la continuidad de la deliberación del tema, para establecer  de qué manera es parte de la agenda pública. Para ello, se debe continuar promoviendo espacios de reflexión en diversas instancias para que se pueda ampliar el tema a otros ámbitos que están relacionados y con ello desarrollar un debate nacional. El foro Acceso a la información pública, más que un discurso, se inscribe en esta lógica, la un evento público que permitiera debatir sobre las características del derecho humano de acceso a la información, cuales son sus alcances y principios, poniendo en la mesa, además, los efectos e impactos que tiene en el fortalecimiento de nuestra democracia, y en esa línea –a modo de ejemplo-, cómo se vincula a uno de los temas de actualidad es la relación entre el acceso a la información y los asuntos de seguridad.

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